DesCONCERTADAS

 

Hace ya algunos años y bajo el gobierno socialista de Felipe González, España experimentó un crecimiento demográfico sin parangón. El país, que no pasaba por su mejor momento económico, no fue capaz de atender las necesidades educativas de tan amplia demanda y ante la imposibilidad de construir las escuelas públicas necesarias, optó por llegar a un acuerdo con escuelas privadas para que previo pago de las administraciones, ayudasen a atender esa demanda, nace así la escuela concertada.

En gobiernos venideros, la escuela concertada no desaparece, sino que se blinda aún más, llegando en 2013 con el gobierno del Partido Popular a garantizarse la posibilidad de ampliar la red de estas escuelas. ¡Negocio a la vista!. 

A quien construye una escuela para adherirse a la red de escuelas concertadas, la administración cede suelo público, paga el sueldo de todo el personal docente incluidas las cotizaciones a la seguridad social, paga los costes de administración, mantenimiento, servicios, material, cursos del profesorado, más los casi 7.000 millones que salieron de los fondos públicos en forma de subvenciones en el último año. Además si la escuela concertada es católica (el 60% lo es) está exenta de pagar IBI.

A cambio por ley, se les prohíbe cualquier contrapartida económica, es decir, que las familias tengan que pagar absolutamente nada. Y es aquí donde radica el problema, las concertadas y con la excusa de la no rentabilidad, llevan años cobrando cuotas que absolutamente todos los gobiernos han permitido, unos centros la disfrazan de "cuotas voluntarias" y otros crean lo que denominan una "actividad complementaria" para poder embolsarse un dinero que hace de la concertada un negocio redondo, me lo pagan todo y yo encima cobro una cuota mensual a las familias que al catalogarla de voluntaria, me libera de declararla en la Hacienda Pública. 

Pero el problema real no es que cuatro sinvergüenzas vean negocio en la educación, el problema es que lo que nació como una opción a la escuela ordinaria, con la permisividad de los gobiernos, se ha creado un sesgo social del alumnado porque de entrada a la hora de intentar escolarizar a los niños, a las familias ya se les pide ese dinero y por supuesto, las habrá que teniendo todo el derecho legal a obtener una plaza en el centro, sus hijos no podrán disfrutar de ella por no poder pagar un dinero que nunca se les debió exigir.

La ley Celaá no pretende acabar con la escuela concertada, solo se tipifica en ella, entre otras novedades, la prohibición de cobrar estas cuotas.

¿Y quien puede manifestarse en contra de que una ley solucione esta injusticia?. Pues primero algunos padres que han creído a la oposición de turno y de verdad piensan que la ley Celaá, es un manual comunista que acabará convirtiendo a sus hijos en bolivarianos "comeniños", segundo los que "chupan" de este negocio, empresas que han creado una red de escuelas concertadas como cadenas de supermercados y tercero, un grupo de padres elitistas de hacendado que insisten en que no se les deja elegir que educación quieren para sus hijos, que prefieren que estos estén rodeados solo de niños cuyos papás sean capaces de pagar, porque dan por hecho que serán mejor influyentes para sus pequeños vástagos. 

En definitiva, veremos en la calle protestando a políticos aprovechando el momento, a los dueños de las concertadas exigiendo que se les permita cobrar un dinero que no pueden cobrar y a los papás que están encantados de pagarlo, porque les hace sentirse ciudadanos de primera. 

Si alguno te dice que "quiere que se le permita elegir que tipo de educación quiere para su hijo", pregúntale que párrafo de la ley Celaá es el que se lo prohíbe, no verás una cara igual en la vida.